Senadores de la UDI manifestaron su preocupación por la decisión del Gobierno de utilizar recursos originalmente destinados a proyectos habitacionales en Aysén, Ñuble, Los Lagos, Los Ríos y La Araucanía para financiar la expropiación de terrenos en la megatoma de San Antonio, ocupada ilegalmente desde 2019.

Los parlamentarios David Sandoval, Gustavo Sanhueza e Iván Moreira anunciaron que solicitarán antecedentes formales al Ministerio de Vivienda y advirtieron que la medida "podría afectar el avance de soluciones habitacionales en el sur del país".

El senador David Sandoval, integrante de la Comisión de Vivienda, calificó como "inquietante" que fondos destinados a proyectos no ejecutados en regiones se utilicen para "resolver un conflicto generado por una ocupación ilegal".

"Es inaceptable que se normalice la idea de que, porque hay proyectos no ejecutados, se puedan usar recursos regionales de manera discrecional para otras zonas", señaló, junto con anunciar que pedirá un informe detallado sobre los montos devueltos por los Serviu, los proyectos pendientes y los criterios de reasignación.

Desde Ñuble, el senador Gustavo Sanhueza criticó la gestión del Ministerio de Vivienda y sostuvo que "incluso regiones que han cumplido sus metas están siendo afectadas".

"Cuesta entender que a una región que avanza la terminen castigando por errores y atrasos del propio Gobierno. Aquí no hay planificación ni criterio", afirmó, acusando al Ejecutivo de "financiar una toma ilegal" con fondos regionales.

A su vez, el senador Iván Moreira, de Los Lagos, cuestionó el manejo centralizado del déficit habitacional y aseguró que "la decisión perjudica directamente a familias que llevan años esperando una solución".

"Es indignante que la falta de gestión del Gobierno termine pagándola la gente de nuestras regiones", sostuvo.

Los legisladores solicitaron que el Ministerio de Vivienda exponga en la Comisión los antecedentes de la reasignación e informe con claridad el impacto que esta decisión tendrá en las metas habitacionales regionales.

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) dio un paso crucial en la compleja situación de la megatoma del Cerro Centinela en la comuna de San Antonio (Región de Valparaíso) al firmar un convenio de colaboración para desarrollar un plan habitacional.

La medida avanza en la línea de la expropiación de una parte del terreno, justo el día en que vencía el plazo para informar el plan de desalojo, buscando dar una solución concreta a las miles de familias que ocupan el sector.

El convenio, denominado "Proyecto Habitacional Cerro Centinela", fue firmado esta mañana entre el Minvu y las más de 40 cooperativas que agrupan a las familias pobladoras.

Este acuerdo establece las directrices para implementar un plan maestro de urbanización que contempla el estándar mínimo necesario para una vida digna, y que será apoyado por la Seremi de Vivienda, el Serviu de Valparaíso y la Confederación Nacional de Cooperativas de Chile.

Durante el punto de prensa posterior a la firma, el dirigente Mario Reyes insistió en la versión de los pobladores respecto al inicio de la toma, asegurando que fueron invitados a ocupar el terreno por uno de los dueños, Luis Medel.

"Una cantidad pequeña de personas llegó a tomarse este espacio. Con posterioridad, en la semana aparece un representante de los dueños, el señor Medel, en compañía de un arquitecto que trabajaba en la Municipalidad de San Antonio en ese tiempo, a conversar con estas personas que habían ocupado este espacio y de estas conversaciones sale la oferta de que pueden vendernos (el terreno). Después cambió la idea de esto: empezaron a haber acciones legales en contra de nosotros y nos empezaron a acusar de usurpadores", dijo el poblador.

Si bien esta versión ha sido desmentida por la inmobiliaria San Antonio S.A., los dirigentes de la megatoma se mantienen firmes en su postura.

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Financiamiento de la expropiación y permanencia de familias durante ejecución del proyecto

Consultado sobre el financiamiento de la expropiación, que se estima en unos 11.000 millones de pesos, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, descartó que el dinero provenga del presupuesto 2026 para asentamientos precarios.

El secretario de Estado aseguró que los fondos requeridos para la compra del terreno "salen del presupuesto de este año, no del próximo año. Los teníamos reservados ante una eventualidad y para el próximo año (habrá) un presupuesto para otras compras de terreno y para otras situaciones".

Respecto al proceso de urbanización, la directora subrogante del Serviu de Valparaíso, Nerina Paz, explicó que las familias no serán desalojadas de inmediato.

"Esto entra en una etapa de desarrollo de diseño y en esa misma etapa se va previendo esta reorganización u organización para aplicar la ejecución", indicó la autoridad.

En la etapa de desarrollo de diseño y planificación, la reorganización de las familias se hará de forma interna. Paz indicó que "hay opciones" de que las cerca de 3.700 familias que forman parte de las cooperativas permanezcan y sean reubicadas dentro de las 100 hectáreas que serán objeto de expropiación, mientras avanza la construcción de la urbanización.

Arista legal

A pesar de la firma del convenio, las acciones legales por parte de la inmobiliaria San Antonio S.A. continúan siendo una posibilidad, ya que la empresa ha rechazado públicamente la medida de expropiación. La firma ha cuestionado la legalidad y la pertinencia de la decisión gubernamental de adquirir forzosamente una parte de su propiedad.

Mientras el Minvu avanza en la vía de la solución habitacional, el plan de desalojo para las 115 hectáreas que no serán expropiadas en el Cerro Centinela sigue pendiente. La Delegación Presidencial de Valparaíso ya ha confirmado que el desalojo no se ejecutará durante el mes de diciembre.

Ante esta situación, y con el objetivo de no incurrir en desacato judicial, el Ministerio del Interior presentará esta tarde a la Corte de Apelaciones de Valparaíso un escrito con el cronograma, plan de la expropiación y posterior desalojo de las hectáreas que no serán adquiridas por el Estado en la toma de San Antonio.

La comunidad de San Antonio y las familias involucradas en la megatoma permanecen atentas a la evolución de estos acontecimientos, que prometen transformar una de las zonas más grandes de ocupación informal en el país.

Durante la tarde de este jueves, el Diario Oficial publicó el decreto que establece el programa de expropiaciones para la implementación del Plan Habitacional Cerro Centinela, comuna de San Antonio.

Según la información, el Estado adquirirá un total de "110 de las 215 hectáreas del terreno ocupado por más de 4.000 familias".

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Elizabeth Rivera, vocera y directora del Consejo de Administración de la Federación de Cooperativas de la megatoma del Cerro Centinela de San Antonio, defendió el anuncio del Gobierno sobre la expropiación de 100 hectáreas del predio y rechazó las críticas de otros comités de vivienda, que los acusan de haberse "saltado la fila" para obtener una solución habitacional.

En conversación con El Diario de Cooperativa, la dirigenta calificó la decisión del Ejecutivo como "la solución habitacional que todos necesitábamos, porque nosotros llegamos a vivir acá bajo una invitación de uno de los propietarios. Es una muy buena solución, pero no nos saltamos la fila como dicen muchos".

"Aquí hay que entender una cosa: el tema de los comités de vivienda no es responsabilidad de nosotros. Y si las personas tomamos las decisiones, porque fue una decisión de cada familia, de venirse a vivir al cerro, en donde fuimos invitados, no es responsabilidad de nosotros que el que los comités de vivienda no avancen", puntualizó Rivera.

"Eso pasa netamente por los problemas del déficit habitacional que hay acá en San Antonio, donde siempre dijeron que no había terrenos para construir y sí los había. El problema es que eran todos de privados, y los privados no quieren venderle a Serviu o no les conviene, porque prefieren venderlo a una constructora y hacer proyectos habitacionales, pero particulares", explicó.

En ese sentido, la dirigenta enfatizó: "Si a los comités de vivienda no se les ha dado solución alguna, no es culpa de la gente del campamento, porque así como tampoco es culpa de ellos que nosotros hayamos tomado la decisión de venirnos a vivir bajo esta invitación acá.

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El Gobierno "no nos va a regalar"

La vocera de la megatoma reiteró que los habitantes del predio "estamos haciendo las cosas como corresponde, siempre las hemos hecho como corresponde, a medida de las herramientas que teníamos a mano".

"El Estado es quien va a expropiar. Nosotros, con nuestros recursos, con el ahorro previo que tiene cada familia, vamos a hacer un aporte para la urbanización. Si es que se requiere más dinero, vamos a seguir ahorrando y seguir pagando si es que hay que pagar un par de años más", aseguró.

"No es, como dice mucha gente, que quieren todo gratis y el Gobierno les va a regalar: no nos va a regalar, va a ocupar los subsidios habitacionales de nosotros para poder crear este proyecto habitacional", complementó.

Pese a los desafíos que impone a nuevos pobladores, Rivera valoró que "(ahora) tenemos algo que no teníamos, que son 100 hectáreas, y con las 100 tenemos que trabajar".

Tras el anuncio de la expropiación de 100 hectáreas de la megatoma de San Antonio, la inmobiliaria dueña del terreno acusó un trato "injusto y arbitrario" en su contra, lamentando que se haya dilatado el desalojo.

A través de un comunicado, la Inmobiliaria San Antonio expresó "su rechazo al trato injusto y arbitrario que se le ha dado y mediante el cual el gobierno pretende sortear el desalojo de su propiedad usurpada".

La empresa manifiesta que "durante seis años actuó conforme a la ley para recuperar su terreno usurpado. Teniendo un fallo de desalojo de la Corte Suprema, suspendió durante casi dos años su ejecución, en busca de acuerdos. Ahora, el gobierno, en una muestra más de su incapacidad de relacionarse constructivamente con el sector privado, anuncia una expropiación sin diálogo de por medio, acusando a la empresa víctima de usurpación de especular con su terreno, imputación que rechazamos tajantemente".

"En febrero pasado aceptamos conformar una 'mesa técnica', firmando un protocolo con el Gobierno para llegar a un acuerdo y suspendiendo por seis meses el desalojo. Se acordaron tres puntos en los cuales se debería avanzar: establecer un precio, el mecanismo de financiamiento y las garantías necesarias para asegurar la operación, todo circunscrito en la compra de la totalidad del terreno en un solo acto", recalcaron.

El texto continúa detallando que "respecto del precio, la empresa ofertó valores avalados por dos consultoras de reconocida trayectoria y aceptó rebajar ese monto en tres oportunidades, valores muy por debajo de los valores comerciales. El gobierno, en tanto, estableció que los compradores serían los tomadores del terreno, agrupados en cooperativas, que obtendrían un crédito del BancoEstado para comprar el terreno. Esto no se concretó, como tampoco la entrega de una garantía de la operación".

"La empresa espera conocer los planes del desalojo parcial y que éste se realice a la brevedad posible para que este anuncio realizado no sea otra maniobra para dilatar el desalojo hasta el próximo gobierno. Una vez más se actúa sin dialogo, sin acuerdos y sin respetar el fallo de la Corte Suprema", lamentaron.

Críticas al Gobierno

Diego Pereira, abogado de la inmobiliaria dueña del terreno, criticó al Ejecutivo y señaló que "ahora el gobierno anuncia una expropiación sin diálogo y acusando a la empresa víctima de usurpación de especular con su terreno".

"La empresa ofertó valores avalados por dos consultoras de reconocida trayectoria y aceptó rebajar ese monto en tres oportunidades, valores muy por debajo de los valores comerciales", fustigó.

Al respecto, el delegado presidencial de Valparaíso, Yanino Riquelme, explicó que "no hay un desalojo, vamos a ir haciendo el proceso en función de las familias que viven en la zona que no va a ser habitable".

"Entendemos que eso, en base a nuestro catastro, estamos hablando de aproximadamente la mitad, un poco menos de la mitad de las familias y quienes no quieran salir, ya resuelto de alguna forma una una base mínima de albergue, pero hoy día además tenemos una complejidad evidente respecto del uso de la fuerza pública", agregó.

La ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, respondió este miércoles las críticas que ha recibido la expropiación de 100 hectáreas del terreno donde está emplazada la megatoma de San Antonio, también conocida como campamento Cerro Centinela.

La estrategia para resolver el conflicto contempla la expropiación y posterior apertura de un plan habitacional y, por otro lado, el desalojo comenzando por las zonas que no serán expropiadas.

La propuesta que presentó el Ejecutivo recibió críticas y fue tema esta mañana en el debate presidencial Archi, en que el candidato republicano, José Antonio Kast, apuntó que era un nuevo intento de dilatar el fallo judicial, mientras que la carta oficialista, Jeannette Jara, si bien valoró la iniciativa, aseguró que ella lo habría hecho antes.

Ante esto, la vocera de palacio señaló que "en periodo electoral es fácil criticar y criticar, pero lo mínimo antes de hacerlo es estar informado para no contribuir a la confusión, a la desinformación".

"Este Gobierno está cumpliendo con lo que ha fallado la Corte, a propósito del plan de desalojo que el día de mañana se tiene que presentar en tiempo y forma. Aquí nadie se está ni saltando la fila ni está incumpliendo la ley. Insistimos durante seis meses en un acuerdo, pero lamentablemente los propietarios exigieron un valor por metro cuadrado mayor al valor comercial", afirmó.

"Esperábamos esto"

Los habitantes de la toma se encuentran trabajando para reubicar a las personas que quedan en las 115 hectáreas que no serán expropiadas e incluir el 10% de los pobladores que no están en cooperativas. A estas últimas se les está solicitando los requisitos para participar en un comité de vivienda, además de un monto de ahorro de $1.500.000.

Elizabeth Rivera, dirigenta de la toma, señaló que "nosotros esperábamos esto. Estuvimos trabajando más de un año en este proyecto de plan habitacional. Todas las familias que están, que van a quedar fuera del paño a expropiar, van a ser reubicadas dentro de lo que sí va a ser expropiado. Y eso lo vamos a hacer en conjunto y con ayuda también del Estado".

"Tenemos vecinos que van a facilitar mano de obra para el desarme y armado de las casas en los otros lugares. Vamos a trabajar para que esto salga lo más rápido posible, para que no haya un perjuicio hacia los dueños también. En qué consiste el proyecto habitacional, cómo va a ser, estamos trabajando todavía en eso", apuntó.

Por otro lado, la académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago, Paula Vaglioli, precisó que "el tiempo que se demora un procedimiento de expropiación va a depender de distintos factores, como si el propietario se opone ante tribunales. No obstante, sí hay plazos que están fijados por ley, como los 30 días hábiles que tiene el propietario del terreno para objetarlo, para oponerse ante tribunales. También hay un plazo de 60 días hábiles para que se pague".

En concreto, un juez podría dejar sin efecto la expropiación si es que no se cumplen con los requisitos de derecho o si considera que no corresponde el monto al daño patrimonial realizado. Hasta el momento, la inmobiliaria no se ha pronunciado al respecto y los abogados de esta mencionaron que están coordinando sus acciones de respuesta con los dueños del terreno.